Un
atentado al patrimonio natural de Morelia: el nuevo decreto de la Loma de Santa
María
Patricia Ávila García
Investigadora
UNAM-CIEco
Casi en el último minuto del año, el 31 de
diciembre del 2009, el gobernador del estado Leonel Godoy en un acto de autoritarismo
e ilegalidad, emitió un nuevo decreto para la Loma de Santa María y depresiones
aledañas, que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y atenta contra el
patrimonio natural de Morelia. Este hecho trastoca fibras sensibles de una
sociedad que, por más de dos décadas, ha defendido de la voracidad de
particulares y especuladores inmobiliarios, una zona de alta importancia
ecológica para la ciudad de Morelia.
Además nos lleva a pensar que las decisiones
políticas del gobernante están siendo subordinadas a los intereses económicos
de particulares; y aún más grave, que la legalidad se está vulnerando, con el
fin de facilitar las actividades de empresarios y constructores que tienen
inversiones y proyectos altamente lucrativos en la Loma de Santa María.
Sin duda este nuevo decreto es un regalo
de año nuevo para los privilegiados de siempre: las élites económicas
empresariales. Lo lamentable es que provenga de un gobierno que, supuestamente,
es de oposición y más cercano a los intereses de la sociedad. Pero veamos con más detalle la importancia de
la Loma de Santa María y depresiones del río Chiquito, sus instrumentos de
protección ecológica y las implicaciones legales, políticas y ambientales del
nuevo decreto estatal.
Por su importancia ecológica e hidrológica, el
área en cuestión ha sido protegida en los tres niveles de gobierno: a nivel
federal existe una declaratoria como zona protectora forestal de 1936, emitida
por Lázaro Cárdenas; a nivel estatal cuenta con una declaratoria de preservación
ecológica emitida en 1984 por Cuauhtémoc Cárdenas y otra declaratoria como área
natural protegida sujeta a la conservación ecológica emitida en 1993 por
Ausencio Chávez; y a nivel municipal, los programas de desarrollo urbano de la
ciudad de Morelia desde 1984 hasta la actualidad, la consideran como una zona
de preservación y reserva ecológica urbana. En este sentido, la Loma de Santa
María y depresiones aledañas cuentan con instrumentos tanto legales como de
planeación que son vigentes y buscan la protección y restauración ecológica,
debido a su importancia como hábitat natural de especies vegetales y animales y
ser proveedora de una diversidad de servicios ambientales para la ciudad de
Morelia (control de deslaves e inundaciones, provisión de agua, regulación
climática, recreación, acueducto histórico).
En particular, el decreto estatal de 1993 es un
instrumento que reconoce el valor ecológico, hidrológico, geológico e histórico
de la Loma de Santa María y el área de los filtros viejos (depresiones aledañas)
y la define como área natural protegida sujeta a la conservación ecológica.
Además señala la necesidad de proteger los recursos naturales
(agua-bosque-suelos), conservar la biodiversidad (especies endémicas,
amenazadas o en extinción), preservar los monumentos históricos (vestigios del
acueducto y obras hidráulicas), restaurar las áreas deterioradas ecológicamente
y reducir los riesgos geológicos. De allí que para garantizar su protección,
solo se permite el desarrollo de actividades destinadas a la conservación de
los ecosistemas y sus elementos naturales y se prohíbe estrictamente la
construcción de todo tipo de edificaciones que no sean destinadas para los
fines del decreto, así como la cacería, la tala de árboles y el vertido de
desechos sólidos y líquidos. Para lograr este objetivo el decreto señala que la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente) es la responsable de la organización, conservación, administración y
vigilancia del área de protección.
El gran valor del decreto de 1993 (y del resto
de instrumentos legales) es que ha evitado la expansión urbana y la construcción
de vialidades en una zona de alto riesgo geológico e importancia ecológica.
Ejemplos de ello están en los frustrados intentos de los gobiernos estatal y
municipal, de construir vialidades (el Megapuente
en 2006 y Megatúnel en 2007) para
conectar las nuevas áreas de urbanización para sectores de altos ingresos y el
nuevo Mall (centro comercial), que se
ubican en la parte alta de la Loma de Santa María. Tales espacios urbanos han
sido construidos, por promotores inmobiliarios y empresarios, quienes han
presionado a los tres niveles de gobierno para que los doten de infraestructura
vial y puedan así realizar sus inversiones y multiplicar sus ganancias. Pero,
el poder de la ciudadanía, los argumentos científicos y la defensa legal han
sido piezas clave para evitar la construcción de vialidades y garantizar la
conservación de este patrimonio histórico y natural de Morelia.
Durante el 2009 se dejaron ver las nuevas
intenciones de los gobiernos estatal y municipal por construir una vialidad en
el área natural protegida de la Loma de Santa María y depresiones aledañas, así
como de reducir el polígono que delimita la citada área (proyecto de
modificación del programa de desarrollo urbano de Morelia). Incluso fue
evidente la cercanía de ambos gobernantes con los empresarios que impulsan la
urbanización de alto nivel en la Loma de Santa María. El 31 de octubre hicieron
un recorrido en las instalaciones de lo que será el nuevo centro comercial
Altozano, cuyo director actual fue justamente el principal impulsor y defensor
del proyecto del Megatúnel, cuando
colaboraba con el ayuntamiento de Morelia en el 2007.
Exactamente dos meses después de este
encuentro, el 31 de diciembre de 2009, el gobernador emitió un decreto, sin
informar a la ciudadanía, sobre el nuevo destino que pretende dar a un área de
gran valor e importancia para la ciudad de Morelia. Asunto que sin duda es de
interés público y no discrecional o de facciones. Lo grave es que el decreto es
ilegal, ya que el gobernador no tiene atribuciones para abrogar áreas naturales
protegidas (no hay un solo artículo de la Ley Ambiental y
de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán que señale esa
competencia). Tampoco
siguió el procedimiento para cambiar la extensión de un área natural protegida, que esta mediado por
un estudio técnico justificativo que deber ser de acceso público así como de
reuniones de consulta ciudadana (artículos 66, 68 y 71 de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de
Michoacán). De igual
forma, el nuevo decreto es ilegal porque el gobernador omite la recomendación
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitida el 2 de julio del 2007, a favor de los
ciudadanos de Morelia, donde se reconoce su derecho a un medio ambiente sano,
en lo referente a la importancia de conservar el área natural protegida de la Loma
de Santa María. Tal recomendación fue aceptada tanto por el gobierno estatal
(Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente) como por el Ayuntamiento de Morelia.
Uno de los aspectos cuestionables del nuevo
decreto es que no reconoce la importancia ecológica, geológica e histórica de
la Loma de Santa María y depresiones aledañas. Afirma sin demostrarlo (nadie
conoce el estudio técnico justificativo), que está tan deteriorada la zona, por
la urbanización acelerada y falta de planeación, que no requiere su conservación
sino únicamente restauración. Esto entra en contradicción con los numerosos
estudios de la UMSNH y UNAM que destacan la importancia ecológica y geológica
del área. En los considerandos del nuevo decreto ya no existen animales ni
plantas que merezcan protección, ni monumentos históricos que conservar, ni
zonas de riesgo geológico que eviten las construcciones. Todo es degradación
ambiental, aunque reconocen su importancia geohidrológica. Así, la bajan de
categoría: de ser un área natural protegida sujeta a conservación ecológica
pasa de facto a ser una zona de
restauración y protección ambiental. Con este nuevo criterio deja de ser un
área natural protegida (según la Ley Ambiental y de
Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán). Además el decreto modifica el
polígono del área natural protegida y pone nuevos límites para reducir su
tamaño: de 232.8 hectáreas pasa a 170.5 hectáreas, es
decir, pierde casi 30% de su extensión actual.
El trasfondo de
este nuevo decreto va en el sentido de restar importancia ecológica y geológica
a la Loma de Santa María y depresiones del río Chiquito, así como reducir su
extensión para flexibilizar los instrumentos de protección, con el fin de
posibilitar la avanzada de urbanización y la construcción de nuevos proyectos
viales, en zonas otrora prohibidas. Esto sin duda es un atentado al patrimonio
natural de los morelianos, ya que es el único reducto de área verde y pulmón de
la ciudad. Es pues un área clave y estratégica para la sustentabilidad urbana
de Morelia y para enfrentar los problemas asociados con el cambio climático y el
riesgo geológico. Su área forestal contribuye a la captura de carbono,
producción de oxígeno, regula el clima y evita deslaves e inundaciones en la
ciudad, además de que es la fuente histórica de agua, lugar de recreación de
deportistas y población en general y hábitat natural de especies vegetales y
animales.
Finalmente, en el
supuesto de que fueran ciertos los citados argumentos del decreto sobre la alta
degradación ambiental del área natural protegida, la responsabilidad
administrativa de haber permitido tal ecocidio
sería del gobierno estatal y en particular de la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente, quien según el decreto de protección de 1993 es la responsable
de la organización,
conservación, administración y vigilancia del área de protección. En este sentido se estaría incurriendo en una doble violación de la
legalidad. Cuestión que sin duda vulnera el estado de derecho y el interés
general de los morelianos a un medio ambiente sano. No obstante, confiamos en
que se de un viraje a este acto autoritario y violatorio de la legalidad y domine
la inteligencia, ecuanimidad y amor por la vida y no la voracidad y egoísmo de
unos pocos. La ciudadanía está despierta y sabe defender sus derechos. Señor
Gobernador: vuelva sus ojos y oídos a quienes lo llevaron al poder y retome el
rumbo de un proyecto alternativo, que contribuya a una sociedad más justa y
amigable con la naturaleza. Las generaciones presentes y futuras valorarán su
sensibilidad política y compromiso social.
